Libertad de expresión y seguridad

Los manifestantes han levantado las primeras barricadas y han lanzado botellas contra la línea policial en el cruce de las calles París y Villarroel de Barcelona, lo que ha provocado que los Mossos d’Esquadra hayan avanzado su línea policial para dispersar a los manifestantes, durante la protesta contra la detención del rapero Pablo Hasel. (Foto Enric Fontcuberta

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, culpó al movimiento anarquista de los disturbios violentos de los últimos días en Barcelona. De los 14 detenidos, dijo, siete son anarquistas, de los cuales cinco son de nacionalidad italiana y otro, francesa. Está bien que el responsable político de la seguridad en Catalunya ofrezca datos sobre las noches de violencia que hemos vivido en las dos últimas semanas.

Todos los responsables políticos han salido al paso condenando la violencia y protegiendo la libertad de expresión. La vieja pugna entre libertad y seguridad es una de las constantes de la historia y, en este siglo, ha dominado el panorama político internacional desde el ataque yihadista a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001. En tiempos de conflictos muy serios, la seguridad prevalece sobre la libertad, como ocurrió en los respectivos bandos en las dos guerras mundiales del siglo pasado, en la guerra civil española y en cualquier otro conflicto armado.

Con excepciones, claro está, como la guerra de Vietnam, que perdieron los norteamericanos por el papel decisivo de la prensa y televisión que trasladaban a la audiencia de Estados Unidos los horrores de un conflicto tan inútil como inexplicable. Es oportuno recordar que una de las primeras medidas que tomó George W. Bush después de los atentados del 11-S fue la aprobación de la Patriot Act, la ley que cercenaba las libertades y los movimientos de los norteamericanos para supuestamente proteger su seguridad.

Cuando la violencia golpea a las personas o a sus intereses es hora de que las fuerzas de seguridad, en este caso los Mossos, protejan la libertad de todos. Max Weber dio una conferencia en Munich en 1919, después de la humillante derrota de los alemanes en la Gran Guerra, en la que declaraba que el Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia. El monopolio de la violencia no es otorgar carta blanca a la policía o al ejército, sino la protección de la seguridad y libertad de todos en nombre de los principios establecidos por leyes positivas aprobadas democráticamente.

La violencia entre ciudadanos engendra violencia y el Estado tiene atributos para actuar proporcionalmente para garantizar la seguridad de todos. Si se condena la violencia, hay que actuar en consecuencia.

Uno de los periodistas más valientes y lúcidos de la II República era Josep Maria Planes, un catalanista liberal y cosmopolita de Manresa, que tuvo el coraje de decir lo que pensaba. En mayo de 1936 escribió: “Soy un periodista que, quizás, cometo la imprudencia de decir en voz alta lo que el 90 por ciento de los catalanes dicen en voz baja”. Aquello que Planes se atrevía a decir en voz alta era que la FAI era responsable del asesinato de los hermanos Badia, leridanos de Torregrossa, los dos militantes independentistas, uno de ellos, Miquel, jefe superior de los servicios de orden público de la Generalitat que había actuado contra el pistolerismo anarquista de la época. A los dos meses de haber comenzado la Guerra Civil Planes moría asesinado a los 29 años en la carretera de la Rabassada por pistoleros de la FAI.

El anarquismo no es nuevo en Barcelona, que fue la ciudad de las bombas, la Setmana Tràgica de 1909, el 6 de Octubre de 1934, los enfrentamientos entre estalinistas trotskistas en 1937 que causaron más de mil muertes, entre ellas la de Andreu Nin, como explica George Orwell en su Homage to Catalonia . Fue en Barcelona donde Miguel Primo de Rivera proclamó el Directorio que en tres días se convertiría en una dictadura que duró desde 1923 hasta 1930. Barcelona es la ciudad donde más iglesias se han quemado, de 1835 a 1936, y, a la vez, ha sido una capital en la que convivieron Gaudí y Durruti, por poner uno de los muchos ejemplos de convivencia cívica y distanciada, que también han existido.

La violencia de estos días se produce mientras se pactan las coaliciones para formar gobierno como consecuencia de las elecciones del día 14 de febrero. Los altercados se han registrado en otras capitales europeas, en París, por ejemplo, donde el Estado ha intervenido sin titubeos para proteger la convivencia cívica.

El asalto violento al Capitolio del día 6 de enero fue alentado por un presidente que no aceptaba los resultados de las elecciones y envió a unos cientos de fanáticos para asaltar las dos Cámaras, que estaban reunidas en sesión conjunta. El desprestigio del sistema democrático con sede en Washington fue devastador. Pero los contrapesos funcionaron y la normalidad parece que se ha recuperado.

El problema en Catalunya tiene que ser abordado políticamente con criterios sobre la seguridad compartidos. Es peligroso que uno de los requisitos para que la CUP dé su apoyo al probable gobierno presidido por Pere Aragonès sea la revisión del papel de los Mossos si tenemos en cuenta que los cuperos han sido los únicos que no han condenado explícitamente la violencia en las noches de disturbios. El nuevo gobierno, a juzgar por las declaraciones de estos días, seguirá enzarzado en las disputas internas como lo fue el anterior, con el agravante de que la seguridad es la moneda de cambio para la investidura.

Publicado en La Vanguardia el 3 de marzo de 2021

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