No merecemos los catalanes que se nos insulte, que se nos utilice para ganar unas elecciones en España, que nos responsabilicen de todos los males de la patria.
La mayoría de catalanes no queremos subir al tren de la independencia. Pero pedimos democráticamente, civilizadamente, un nuevo encaje más o menos definitivo dentro de la realidad española.
Mi opinión sobre el Estatut es crítica en algunos de los puntos importantes. Pienso que es excesivamente intervencionista, que olvida la existencia real de España y que va demasiado lejos en cortar todas las amarras posibles del Estado.
Pero es un Estatut que ha sido votado democráticamente por una mayoría que roza el 90 por ciento en el parlamento catalán. El Congreso de los Diputados lo puede amputar, desfigurar e incluso matarlo «in situ» como hizo con el plan Ibarretxe cuando fue presentado en las Cortes madrileñas.
Pero Ibarretxe contaba con un apoyo exiguo. Era un plan de corte nacionalista que no tenía el apoyo de los dos grandes partidos nacionales. No es el caso del Estatut de Catalunya que ha sido votado por nacionalistas, ex comunistas y socialistas. Es una propuesta.
Ya no tienen importancia los atentados del 11 de marzo en Madrid y sus repercusiones electorales. No se habla de las pensiones, del plan hidrológico, del paro, de Europa. Ni siquiera la pertinaz sequía ocupa el ánimo de las gentes a pesar de las restricciones de agua anunciadas.
El tema es Catalunya y el Estatut aprobado por una amplia mayoría por el parlamento catalán. La mayoría de diputados en Madrid pueden hacer lo que crean pertinente en el marco de las reglas de juego vigentes.
Pero devolver y neutralizar este texto en Madrid sería considerado por muchos catalanes como un desprecio a sus instituciones y a sus ambiciones. Las encuestas en Catalunya indican que se esperan retoques, amputaciones o alteraciones sustanciales.
Lo que no se acepta es que se recurra al insulto, a las medias verdades, a las descalificaciones generalizadas de los catalanes, ya sea lo que llega en forma de una OPA o las declaraciones de ese o aquel político que no representa a toda la sociedad catalana.
No ha habido, afortunadamente, terrorismo de procedencia ideológica catalana. Y no debe haberlo nunca porque no está en la cultura del país en los últimos ochenta años. Queremos hablar, discutir, ver cómo nos podemos sentir cómodos, a gusto, en la realidad española.
Lo que me parece indecente es que se ponga a Catalunya en la parrilla de la barbacoa nacional española como si fuéramos los mártires del siglo II o los herejes de la Edad Media. Me parece igualmente reprobable que el señor Aznar nos advierta de que estamos al borde del abismo y que España se rompe porque un parlamento democráticamente elegido ha propuesto una nueva fórmula para articular las relaciones de Catalunya con España.
Sé que el problema es complejo y de difícil encaje. Pero quiero recordar una vez más las palabras pronunciadas por Cambó en las Cortes Españolas el 13 de diciembre de 1934, cuando el Congreso debatía la suspensión del Estatuto de Autonomía de Catalunya tras el desgraciado golpe de Estado contra la República que propició Companys el día 6 de octubre. Dijo el dirigente de la Lliga que “ese texto que vais a votar implica que el problema catalán continuará perturbando meses y años la vida política española. Porque no os hagáis ilusiones. Pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes, y el hecho vivo de Catalunya subsistirá”.
No aprendemos pero tampoco olvidamos. Pongamos un poco de racionalidad, de comprensión, de complicidades mutuas. Nos jugamos demasiado todos.
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